Ecuador deportó a más de 800 presos colombianos y desata tensión diplomática con Bogotá

En un operativo de gran escala, Ecuador deportó a más de 800 presos colombianos hacia su país de origen a través del puente internacional de Rumichaca, en la provincia del Carchi. La acción, realizada por el gobierno de Daniel Noboa generó una fuerte respuesta diplomática por parte de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, calificó la medida como un “gesto inamistoso”.

De acuerdo con Infobae, la Cancillería colombiana emitió una nota de protesta diplomática en la que acusa al gobierno ecuatoriano de actuar de forma “unilateral” y de “incumplir el derecho internacional” al proceder sin un acuerdo previo ni protocolos bilaterales establecidos.

Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país”, señaló el comunicado oficial.
Por su parte, autoridades ecuatorianas defendieron la legalidad del operativo, argumentando que se enmarca dentro de las facultades soberanas del país en materia penitenciaria y migratoria.

El traslado de los reclusos se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Noboa para descongestionar el sistema carcelario ecuatoriano, afectado por el hacinamiento y la violencia.

La medida, sin embargo, abre un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países, que ya enfrentaban diferencias en otros frentes regionales.

De acuerdo con la gobernadora de la provincia ecuatoriana Carchi, Diana Pozo, que supervisó la operación en el puente fronterizo, “han sido deportadas más de 800 personas privadas de la libertad”. La funcionaria detalló, en declaraciones reproducidas por la prensa, que la acción se realizó bajo custodia de decenas de policías y militares ecuatorianos, quienes controlaron la marcha de los reclusos, vistiendo uniformes naranjas, hasta la frontera colombiana, a las afueras de Tulcán.

En la madrugada del sábado, algunos internos, cubiertos solo con camisetas y pantalones cortos, hicieron ejercicios físicos para soportar las bajas temperaturas de la región andina. A la espera de ser recibidos por funcionarios colombianos, exclamaron “queremos pasar, queremos pasar” ante las autoridades fronterizas.

Una fuente de la gobernación de Carchi explicó que el viernes comenzó la deportación de cerca de 870 presos colombianos, cifra que representa alrededor del 60% de los internos de ese país que permanecían detenidos en cárceles ecuatorianas. La gobernadora Pozo afirmó que la operación incluyó trabajo coordinado con migración de ambos países para evitar congestiones en el puente de Rumichaca.

A pesar de estas declaraciones, autoridades colombianas sostienen que no fueron informadas oficialmente de la repatriación masiva. El secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales, manifestó: “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia para recibirlos”. Y señaló que debieron improvisar un dispositivo de atención humanitaria. Por su parte, el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, sostuvo que esperan acoger al menos a 1.061 colombianos en este proceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia advirtió que la decisión de Ecuador se tomó “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes” para implementar un protocolo previo. También calificó la acción de Quito como un “gesto inamistoso”. El gobierno colombiano desplazó a la canciller encargada, Rosa Villavicencio, hasta Rumichaca para atender la emergencia.

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El gobierno ecuatoriano respondió en un comunicado que las deportaciones fueron notificadas a Bogotá desde el 8 de julio y se han realizado, según su versión, “con respeto a los derechos humanos” y tras una revisión individual de cada caso. La Cancillería de Ecuador enfatizó que “el respeto al debido proceso se garantiza mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por autoridad judicial”. Las autoridades ecuatorianas negaron que se tratara de una deportación colectiva y dijeron rechazar las afirmaciones en ese sentido.

Fuente: Versión Final