Jueza de Colorado frena deportación de 100 venezolanos a El Salvador: el dictamen afecta el plan de DHS

La jueza del estado de Colorado, Charlotte N. Sweeney, emitió este martes una orden que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) expulsar a dos venezolanos sin revisar previamente sus casos o brindarles una audiencia judicial.

La decisión fue establecida tras aceptar la solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los inmigrantes afectados, quienes no fueron identificados públicamente pero tienen 25 y 32 años.

«Por primera vez en meses podemos respirar aliviados», expresó Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras conocerse el fallo. «Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía».

Argumentos e implicaciones alrededor del fallo

Durante una audiencia previa, los abogados del gobierno argumentaron que restringir las deportaciones obstaculizaría la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes migratorias, incluyendo arrestos y expulsiones de extranjeros considerados peligrosos.

Sin embargo, la jueza Sweeney rechazó estos argumentos, señalando que ACLU demostró que los inmigrantes «corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente» y que «sufrirían daños irreparables» si fueran enviados a El Salvador sin revisión previa.

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Los documentos judiciales indican que ambos venezolanos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en Texas hace algunos años, al igual que unos 40.000 compatriotas entre 2022 y 2024, muchos de los cuales también llegaron a Colorado.

La orden judicial prohíbe al gobierno trasladarlos a El Salvador y les garantiza permanecer en Colorado mientras se resuelve su situación legal. Establece también que si son deportados, tendrán derecho a solicitar revisión judicial y recibir asesoría legal en español.

Protección del debido proceso y cuestionamiento a leyes restrictivas

La jueza Sweeney resaltó que ACLU demostró que los migrantes probablemente «sufrirían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar», justificando así su decisión en favor del interés público.

Asimismo, cuestionó el uso potencial de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar estas deportaciones; aunque los abogados del gobierno aseguraron que esa ley no se aplicaba en este caso, la orden judicial deja abierta esa posibilidad para futuras acciones legales.

Lunn enfatizó que esta demanda no busca liberar o conceder asilo a los venezolanos, sino garantizar su derecho fundamental al debido proceso ante un juez competente.

Fuente: 2001