Senado de Chile aprueba ley que agiliza la expulsión de extranjeros y permite el allanamiento de domicilios

El Senado de Chile aprobó el pasado martes 20 de octubre, un proyecto de ley destinado a acelerar y hacer más efectivas las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular. La nueva normativa faculta a las fuerzas policiales a ingresar a domicilios, con previa autorización judicial, para detener a personas con órdenes de expulsión vigentes, además de endurecer las sanciones de reingreso al territorio austral.

La propuesta legislativa fue respaldada en la Cámara Alta con 37 votos a favor y una abstención, tras recibir el informe final de la comisión mixta que resolvió las discrepancias con la Cámara de Diputadas y Diputados.

Uno de los aspectos centrales de la reforma a la Ley de Migración y Extranjería es la agilización del procedimiento de localización y captura a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). Bajo este nuevo esquema, la PDI podrá solicitar a un juez de garantía una orden de entrada y registro al inmueble donde se ubique el ciudadano requerido, requerimiento que el magistrado deberá responder en un plazo máximo de 24 horas.

Adicionalmente, el texto legal eleva de tres a cinco años el tiempo mínimo de prohibición de retorno al país y habilita mecanismos de expulsión inmediata para extranjeros procesados en el ámbito penal, siempre que se cuente con la anuencia del tribunal de la causa.

«Tanto la Cámara de Diputados como el Senado han dado su aprobación a un proyecto de ley trascendente para dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones de expulsión administrativa», señaló el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

Cifras del contexto migratorio

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ubican en más de 330.000 la cifra de extranjeros en situación irregular en Chile. Asimismo, diversos informes precisan que existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes por ejecutar, de las cuales cerca del 50 % corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana.

A la par de esta medida, en el Congreso chileno avanza el debate de otra iniciativa legislativa que contempla tipificar la entrada e interrupción irregular al territorio nacional como delito penal.

Fuente: Noticia Al Día

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