Gobierno de De La Espriella lanza ofensiva contra la corrupción: «La plata es sagrada»

“La plata de los colombianos es sagrada”. Esta frase, convertida en consigna por el presidente Abelardo De La Espriella, marca el rumbo de su administración, que busca transformar la gestión de los recursos públicos en un país donde la corrupción ha dejado huellas profundas. El mandatario ha dejado claro que no habrá tolerancia para el robo de recursos, especialmente en sectores cruciales como la salud y la educación.

En un video difundido por la Presidencia de la República, el vocero del Gobierno, Miller Soto, reiteró el mensaje del presidente, enfatizando que cualquier acto de corrupción será severamente sancionado. Durante un reciente encuentro con alcaldes y gobernadores, De La Espriella cuestionó con ironía la falta de aplausos de los mandatarios locales ante su firme advertencia, dejando entrever la seriedad de su postura.

Esta determinación ha sido palpable en regiones como Sucre y Sincelejo, donde el presidente ha manifestado su rechazo a los esquemas corruptos, desafiando a los poderes locales y estableciendo un nuevo estándar en la administración pública. En Córdoba, De La Espriella ordenó a la ministra de Educación un estricto control sobre la Universidad de Córdoba, buscando evitar que la política influya en la educación y asegurando que la institución pertenezca a los estudiantes y la comunidad.

La política de cero tolerancia se extiende incluso a su propio gabinete. La solicitud de insubsistencia del director de Bomberos, Germán Miranda, tras revelaciones de corrupción, evidencia el compromiso del presidente por marcar un precedente claro en la lucha contra el desvío de fondos públicos.

Para institucionalizar esta lucha, el Gobierno ha creado un “bloque de búsqueda contra la corrupción”, liderado por Cristina Lombana, secretaria de transparencia. Este equipo auditará contratos, anticipos y beneficiarios reales, utilizando agentes encubiertos para prevenir el lavado de activos.

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Soto dejó claro que la investigación no se limitará a la administración actual. “No se persigue gente por política, se persigue la plata”, afirmó, resaltando que cualquier irregularidad será denunciada. En este contexto, se ha ordenado una auditoría forense al contrato interadministrativo 1166 de 2026, relacionado con el programa Ciberpaz, cuyo valor asciende a casi 15.000 millones de pesos.

La ministra Alexandra Falla ha recibido instrucciones precisas: “Que el país sepa en qué se gastó cada peso, quién participó y qué recibió nuestro país”. “Se acabó la fiesta”, concluye el mensaje oficial, dejando claro que el Gobierno de De La Espriella respalda a los funcionarios honestos y está decidido a perseguir el dinero público desviado para construir lo que han denominado la “patria milagro”.

Fuente: Versión Final

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