Venezolano confesó el asesinato de un médico en Perú pero volvió a las calles

El ciudadano venezolano José Miguel Espí González, principal acusado por el asesinato del cirujano plástico Carlos Antonio Mendo Castillo, recuperó su libertad luego de que venciera el plazo de nueve meses de prisión preventiva que cumplía.

La familia de la víctima cuestiona duramente la demora del Poder Judicial y teme que el investigado abandone el país. Espí habría admitido ante las autoridades su participación en el crimen y, según la investigación, habría confesado que recibió apoyo para planificar el homicidio.

El asesinato ocurrió en febrero de 2025 y, siete meses después, en septiembre del mismo año, la Fiscalía dio por concluida la investigación. Sin embargo, el proceso quedó entrampado en la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Recién en marzo de este año se realizó la audiencia de control de acusación y en mayo se emitió el auto de enjuiciamiento, después de varios meses de espera, cuando estos procedimientos —según la defensa de la familia— debieron resolverse en un plazo mucho menor.

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Ante la demora, se ha planteado que la Oficina de Control del Poder Judicial investigue a la jueza Pilar Noemí Aguinaga López, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino, para determinar si existieron responsabilidades en el retraso del proceso. El principal acusado salió del penal el pasado 24 de agosto y, aunque actualmente pesa sobre él una orden de captura, hasta el momento no ha sido ubicado. La familia teme que aproveche esta situación para fugar del país y evadir a la justicia.

Móvil del crimen

De acuerdo con la investigación policial, Espí González habría pagado 3,800 soles a un ciudadano colombiano para ejecutar el asesinato del cirujano plástico. El móvil habría estado relacionado con un interés económico y el acceso a las cuentas bancarias de la víctima. Mientras continúa la búsqueda del acusado, la defensa de la familia anunció que prepara una denuncia por una presunta negligencia del sistema judicial, debido a la demora en el avance del proceso y a la falta de una sentencia.

Fuente: Panamericana

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