Juez de EE. UU. dictamina que venezolanos tienen derecho a audiencias para impugnar deportaciones

En una orden emitida este lunes, el juez federal de distrito James Boasberg, con sede en Washington, declaró que las personas que la administración Trump busca deportar bajo la ley de Enemigos Extranjeros deben tener la oportunidad de impugnar la afirmación del gobierno de que efectivamente son miembros del Tren de Aragua, reseñó Reuters.

Los abogados y familiares de muchos de los migrantes niegan los presuntos vínculos con pandillas.

El juez también rechazó la solicitud de la administración Trump de anular la prohibición de dos semanas de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que impuso el 15 de marzo, lo que significa que la prohibición sigue vigente.

La prohibición impulsó a Trump a solicitar el impeachment de Boasberg, un proceso que podría llevar a su destitución. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, emitió una inusual declaración en la que reprendía a Trump y afirmaba que las apelaciones, y no el impeachment, son la respuesta adecuada a los desacuerdos con las decisiones judiciales.

El caso se ha convertido en una importante prueba para la amplia arrogancia del poder ejecutivo por parte de Trump. Con los republicanos con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y alineándose en gran medida con la agenda del presidente, los jueces federales a menudo se han convertido en el único obstáculo a la oleada de medidas ejecutivas de Trump.

Trump argumentó que es el poder judicial, no su administración, el que se está extralimitando.

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Boasberg está evaluando si la administración Trump violó su orden al no devolver los vuelos de deportación después de su emisión. En el fallo del lunes, el juez escribió que el gobierno parecía haber «incitado a la gente a subir a esos aviones» tras emitir inicialmente una orden más restrictiva que impedía la deportación de cinco demandantes venezolanos anónimos, en respuesta a una solicitud de abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu).

Posteriormente, amplió la orden para que se aplicara a cualquier migrante venezolano afectado por la Ley de Enemigos Extranjeros.

Fuente: Versión Final

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