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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusaciones de abusos sexuales
El cantante español Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por presuntas “injurias con publicidad y calumnias”.
La acción legal surge luego de que Díaz acusara públicamente al artista de someter a extrabajadoras a “abusos sexuales” y de mantenerlas en una “situación de esclavitud”. Iglesias solicita que la dirigente política se retracte de sus declaraciones y reclama una indemnización por los daños ocasionados a su imagen. En caso de no producirse una rectificación, su defensa ha advertido que interpondrá una querella criminal.
Según el escrito presentado, paso previo obligatorio antes de una querella, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, exige que Díaz “rectifique públicamente” un mensaje publicado el 13 de enero de 2026 en la red social Bluesky, en el que la ministra calificó como “escalofriantes” los testimonios de extrabajadoras del artista.
En ese mensaje, Díaz escribió: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
La demanda sostiene que tales afirmaciones afectan el “honor, buen nombre e imagen” del cantante.
Un día después, el 14 de enero, la vicepresidenta reiteró sus señalamientos en una entrevista, al afirmar que las trabajadoras del artista se encontraban en una “posición de inferioridad extrema” y que la investigación conocida “da terror” por la supuesta concentración de vulneraciones de derechos humanos.
Sin embargo, el pasado mes de enero, el Ministerio Fiscal archivó la denuncia presentada por las extrabajadoras por “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” y por la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados.
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La controversia abre ahora un nuevo frente judicial entre el artista y la vicepresidenta, centrado en la posible responsabilidad penal y civil por las declaraciones públicas realizadas.
Fuente: Versión Final
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