Jorge Arreaza asegura que más de ocho mil ciudadanos quedaron en libertad por Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional (AN) informó que más de 8.000 personas obtuvieron libertad plena durante el primer mes de vigencia de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según un balance presentado por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria encargada de supervisar su aplicación.

De acuerdo con las cifras oficiales, 7.808 beneficiarios se encontraban bajo medidas cautelares, mientras que 260 estaban privados de libertad antes de acceder al beneficio. En total, el Parlamento recibió 11.396 solicitudes consideradas válidas, ajustadas a los delitos y períodos contemplados en la normativa.

Arreaza aseguró que la medida busca contribuir a la estabilidad política y al reencuentro nacional. “Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional”, afirmó, cita Infobae.

Sin embargo, el proceso ha generado cuestionamientos debido a la falta de transparencia. Hasta ahora, las autoridades no han publicado un listado oficial de los beneficiarios, lo que motivó al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, a solicitar acceso al registro completo.

Organizaciones civiles advierten que esta opacidad dificulta el control ciudadano y afecta a los familiares de los involucrados. Además, señalan que la ley excluye expresamente delitos como corrupción, homicidio, violaciones graves de derechos humanos y casos vinculados a operaciones militares.

Por su parte, ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y Alerta Venezuela sostienen que la amnistía proyecta una imagen de “borrón y cuenta nueva” sin abordar las causas estructurales de la persecución política en el país.

Lee también: Delcy Rodríguez a Donald Trump: Llegó la hora de que Venezuela esté libre de sanciones

En paralelo, más de 50 organizaciones y activistas solicitaron la creación de tribunales itinerantes en distintas regiones, con el objetivo de facilitar los trámites a los beneficiarios sin necesidad de trasladarse a Caracas. La propuesta fue dirigida al Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que los costos de traslado —que pueden superar los 120 dólares por persona desde algunos estados— representan una barrera significativa para acceder a este derecho.

Como antecedente, recordaron que el uso de tribunales móviles permitió atender a más de 177.000 personas en 2024 y realizar más de 21.000 gestiones legales en el primer trimestre de 2025, lo que, a su juicio, demuestra la eficacia de este mecanismo para ampliar el acceso a la justicia.

Fuente: Versión Final