Universidades demandan al Estado por falta de ajuste salarial desde 2022

Este lunes decanos de las facultades de Derecho de diversas universidades venezolanas junto con representantes sindicales entregaron una demanda en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, al considerar que el Poder Ejecutivo ha incurrido en una “omisión” al no aplicar ajustes al salario mínimo legal desde el año 2022.

La acción legal se produce en medio de crecientes críticas de sectores académicos, gremiales y organizaciones de derechos humanos ante la prolongada falta de incrementos salariales en el país, que se arrastra por casi cuatro años, el periodo más largo sin aumento registrado en tres décadas.

La manifestación, la cual se realizó a pocos metros de una concentración oficialista frente a la institución judicial, tuvo como objetivo que el Gobierno venezolano “respete la Constitución” y, a su vez, cumpla con el artículo 91 el cual establece el derecho de todo trabajador a un salario suficiente que permita vivir con dignidad.

Estamos exigiendo el cumplimiento de la Constitución, en especial del artículo 91 constitucional que ordena al presidente de la República anualmente emitir un decreto de aumento salarial. Desde el año 2022 eso no se ha cumplido y le estamos exigiendo a la Sala Constitucional que le ordene al presidente que cumpla con la Constitución, es decir, que decrete el aumento salarial para todos los trabajadores”, dijo Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.

Apitz estuvo acompañado por el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Diana Romero La Roche; decano de la Universidad de Los Andes, y representantes de diversos gremios que han mantenido constantes denuncias por incremento salarial.

Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia, integró el grupo de académicos que denunciaron ante el TSJ la violación del artículo 91 de la Constitución. Además, solicitaron una medida cautelar para incorporar los bonos a las previsiones sociales de los trabajadores universitarios.

La autoridad universitaria anunció la preparación de acciones legales para exigir el respeto al derecho constitucional de un salario justo para los trabajadores del sector universitario y de la administración pública.

Romero La Roche señaló que se evalúa la interposición de una demanda ante las instancias correspondientes, debido al deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo vital, situación que, afirmó, vulnera el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual garantiza un sueldo suficiente que permita una vida digna.

La política salarial actual viola el principio de progresividad de los derechos humanos, al desconocer las previsiones laborales y los beneficios que históricamente han protegido a los trabajadores, en especial al personal docente, administrativo y obrero de las universidades”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad del sector educativo y de la sociedad venezolana para que estas demandas sean escuchadas y atendidas. “Estamos cumpliendo con los principios que nos corresponden como ciudadanos y como universidad, actuando como uno solo para avanzar hacia una nueva etapa de justicia social y respeto a los derechos humanos”, concluyó.

¿Qué dicen las leyes?

La Constitución nacional establece en su articulo 91 que «Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley».

De acuerdo a la Carta magna, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.

Organizaciones como Provea respaldaron la iniciativa y exigieron revisar el monto del salario mínimo y su cálculo, ya que la población trabajadora venezolana enfrenta una situación de precariedad creciente. Provea señaló en redes sociales que el salario está estancado desde marzo de 2022 y que su actual cuantía resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

El salario mínimo oficial en Venezuela permanece fijado en 130 bolívares mensuales, lo que, según el tipo de cambio oficial, equivale a una fracción de dólar muy inferior al costo de la canasta básica y la inflación acumulada, intensificando el descontento social.

Deterioro del poder adquisitivo

La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) ha enfatizado que el salario de un profesor titular con dedicación exclusiva, que en marzo de 2022 se ubicaba en alrededor de 109 dólares, se ha desplomado hasta aproximadamente 1,58 dólares en enero de 2026, debido al deterioro del poder adquisitivo y la inflación continua.

Este drástico descenso obliga a muchos docentes a vivir con ingresos que están muy por debajo de las necesidades básicas, situación que ha sido denunciada en distintos informes y foros universitarios como un factor que contribuye al éxodo de profesionales y al debilitamiento de la educación superior en el país.

La presentación de la demanda estuvo acompañada por movimientos sindicales que han retomado las calles tras más de un año de relativa inactividad en las protestas. Los sindicatos respaldaron a los académicos en su reclamo de que el Estado venezolano cumpla con su obligación de garantizar un salario digno, tal y como lo establecen los principios constitucionales y las normas laborales.

Provea destacó que revisar el salario mínimo y su metodología de cálculo es indispensable para rescatar los derechos laborales de los trabajadores venezolanos y avanzar hacia una convivencia social basada en justicia y equidad.

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Organizaciones sociales han alertado que el salario mínimo y las pensiones permanecen “anclados” desde 2022, mientras que las bonificaciones adicionales que otorga el gobierno, como el llamado “bono de guerra económica” o ayudas de alimentación, no se integran al salario formal y, por tanto, no mejoran beneficios laborales esenciales como la antigüedad o las vacaciones.

La falta de ajustes salariales ha sido fuente de movilizaciones y reclamos de diversos sectores de la sociedad, desde trabajadores públicos hasta profesionales de la educación, que demandan soluciones estructurales a la pérdida de capacidad adquisitiva generalizada.

Fuente: Versión Final

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