Persecución a migrantes de Trump se acentúa al peor de los niveles: Contratará cazarrecompensas

El Gobierno estadounidense busca acelerar las deportaciones, y una de las ideas más polémicas sobre la mesa es dejar en manos privadas la localización de personas migrantes. Según documentos internos obtenidos por The Intercept, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) analiza la posibilidad de contratar empresas que rastreen el paradero de quienes se encuentran en procesos migratorios, ofreciendo recompensas económicas por cada caso resuelto.

El plan, aún en etapa de exploración, implicaría entregar a los contratistas grandes bases de datos con información personal de miles de migrantes, sus direcciones, números telefónicos, lugares de trabajo e incluso datos de redes sociales, para que las empresas verifiquen o actualicen esa información. Cada acierto sería remunerado, y habría bonificaciones por cumplir metas más rápido o con mayor precisión.

La propuesta se enmarca en el esfuerzo de la administración Trump por aumentar las cifras de deportaciones, que se mantienen por debajo de los objetivos planteados. Pero para defensores de derechos humanos, la iniciativa representa una amenaza directa a las libertades civiles. “Convertir la persecución de personas en un negocio es extremadamente peligroso”, advirtió la abogada de inmigración Latoya Macbean Pompy, quien teme que el esquema incentive abusos y errores que afecten a residentes legales o incluso ciudadanos estadounidenses.

El documento del ICE detalla que los contratistas tendrían autorización para hacer verificaciones presenciales, rastreos digitales en tiempo real y recopilación de pruebas fotográficas. En algunos casos, también podrían encargarse de entregar en mano documentos oficiales a las personas localizadas, un papel que tradicionalmente corresponde a funcionarios públicos.

Organizaciones migratorias alertan que este tipo de programas podrían generar un clima de persecución y miedo en comunidades enteras. Además, subrayan el riesgo de que empresas privadas, movidas por la recompensa económica, prioricen la eficiencia sobre la exactitud, exponiendo a familias inocentes a procesos injustos.

Especialistas en privacidad y tecnología también expresan preocupación por el uso de herramientas de rastreo automatizado y bases de datos comerciales sin un control adecuado. El manejo masivo de información personal por parte de contratistas podría abrir la puerta a filtraciones, espionaje o venta de datos a terceros.

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Mientras tanto, el ICE insiste en que se trata solo de una exploración preliminar para “aumentar la efectividad” de sus operaciones. Sin embargo, el solo planteamiento de incorporar “cazarrecompensas” a la política migratoria ya ha desatado un debate ético y legal.

Si el plan avanza, marcaría un giro sin precedentes en la forma en que Estados Unidos ejecuta su política de deportaciones: un sistema donde la búsqueda de personas dejaría de ser una función exclusiva del Estado para convertirse en una tarea remunerada del sector privado, con todas las consecuencias humanas y morales que eso conlleva.

Fuente: Versión Final

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