No era un baby shower: las huellas del Tren de Aragua tras los cinco venezolanos acribillados en Chile

La usual tranquilidad que se vive los domingos en Batuco, un sector rural de la comuna de Lampa, al norte de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, se vio abruptamente interrumpida a las 18.45 horas del 9 de abril, cuando a las radios de Carabineros llegó un llamado de emergencia. Un vecino había denunciado que afuera de una parcela, en el sector de Caleríos, a unos tres kilómetros al norte de Av. España, había cinco personas heridas por armas de fuego e inconscientes al interior de un vehículo.

La noticia, que resonaría a nivel nacional, se daba en momentos de una inmensa agitación en temas de seguridad en el país. Cuatro días atrás había ocurrido el asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma, y tan sólo el día anterior otras cuatro personas habían sido asesinadas en una casa en Quilpué.

Al llegar a las afueras de la parcela de Batuco, a las 19.15 horas, los carabineros vieron un vehículo Hyundai Tucson color rojo incrustado de frente en una reja perimetral, chocado por detrás y con decenas de impactos de bala concentrados en la zona del asiento del copiloto. El parte policial señala que el auto era robado y su patente había sido clonada de otra camioneta de similares características perteneciente a una mujer de Puerto Montt.

En el interior estaban una mujer y cuatro hombres. Tres ya estaban muertos y dos fallecieron horas más tarde. Ninguna de estas personas portaba documentos de identificación, por lo que al Servicio Médico Legal (SML) le tomó varios días confirmar científicamente sus identidades. Pero en ese instante el grupo tenía algo en común: todos llevaban puesta una pulsera roja de las que se utilizan para controlar el acceso a eventos.

“Al término de un baby shower habría salido este vehículo afectado (…), pero en el camino de servidumbre habría sido impactado por otro vehículo y habría ocurrido un intercambio de fuego”, fue la versión preliminar que entregó en el lugar el mayor Sergio Andrade, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

Una vez identificados por el SML, se pudo determinar que todos eran ciudadanos venezolanos. En el asiento del conductor estaba Marco Antonio Monasterios Isturis, de 39 años; mientras que el asiento del copiloto, el que recibió la mayoría de los tiros, era ocupado por Leonardo José Guilarte Acosta, de 26 años. A sus pies se encontró una pistola, que se presume habría utilizado para defenderse.

Detrás del conductor yacía muerta Valeria de Andrade Romero, pareja de Guilarte. Los otros dos asientos traseros eran ocupados por Edgar Javier Fernández Velásquez y por el hijo del conductor del auto, Maryaikol José Monasterios Yañes, cantante de trap conocido en el mundo de la música urbana como “El Maay”.

Pero lo que el mayor de Carabineros describió como un baby shower en realidad no era tal. La naturaleza del evento era otra totalmente distinta: una trama con fiestas al ritmo del tussi, armas, relojes de lujo, un reingreso ilegal y una sentencia de muerte, con rastros bien definidos que llevan a integrantes del temido Tren de Aragua.

Cronología de un homicidio quíntuple

El 25 de abril de 2021, Leonardo Guilarte Acosta, uno de los asesinados en Batuco, tomó un vuelo directo desde Iquique con destino a Caracas, la capital de Venezuela. Y no lo hizo por su propia voluntad. Vestido con un overol blanco, un chaleco reflectante y una mascarilla en su rostro, el joven fue parte de los 55 ciudadanos venezolanos que ese día fueron expulsados de Chile con amplia difusión del gobierno.

El viaje de retorno de Guilarte a Venezuela, quien había llegado como turista a Chile junto a su pareja y su hija de un mes de edad, a inicios de 2019, era el punto cúlmine de una historia que había empezado el 11 de agosto de 2020. Ese día el hombre fue detenido en Santiago como integrante de una banda de “Motoclocks”, grupos compuestos en su mayoría por venezolanos que roban con violencia relojes de lujo en las calles del sector oriente de Santiago, pero que también han cometido otros delitos más graves. Dos de los imputados por el asesinato del suboficial Palma, Carlos Cortez Flores y Luis Lugo Machado, han sido vinculados a este tipo de bandas.

En el caso de Guilarte, la Fiscalía logró condenarlo a la pena de tres años y un día por un robo con intimidación cometido en contra de una mujer el 26 de mayo de 2020 en la intersección de Av. Presidente Riesco con Magdalena, en la comuna de Las Condes. En ese lugar, el joven venezolano y otro sujeto abordaron a la mujer y la intimidaron con un arma de fuego para quitarle un reloj y joyas de oro. Pero el botín no fue el esperado. Lo que parecía ser un millonario reloj marca Rolex, la predilección de estas bandas, en realidad era una imitación. De todas formas, la pena aplicada se sustituyó por su expulsión y una prohibición de volver a ingresar al país durante 10 años.

Desde ahí en adelante, nada más se supo de Guilarte en Chile. Hasta la tarde del domingo 9 de abril pasado, cuando junto a otros cuatro venezolanos apareció muerto con un disparo en la cabeza afuera de la parcela de Batuco. Nadie sabe cómo ni cuándo había regresado al país.

Quien llamó a Carabineros para hacer la denuncia fue el dueño de la parcela donde se estaba celebrando la fiesta, a unos 20 metros de donde quedó la camioneta chocada. “Manifiesta que mantiene la parcela en mención como centro de eventos, el cual días atrás le fue arrendada a una persona de sexo femenino de nombre ‘Jeymi’, de nacionalidad chilena, desconociendo todo tipo de información personal de esta”, señala el parte policial sobre la declaración del testigo.

De acuerdo a otros testimonios recogidos por la policía, “Jeymi”, quien dijo ser prevencionista de riesgos, incluso visitó el lugar días antes y acordó que los asistentes ocuparían la parcela hasta las 19 horas, pagando $ 8.000 por persona. El recinto, que cuenta con una gran piscina, cocina y quincho, también tiene varias cámaras de seguridad, las que hoy son claves en la investigación.

El 9 de abril, “Jeymi” llegó con cerca de 60 personas pasado el mediodía. Los dueños de la parcela señalaron a la policía que debido a lo extenso del terreno, en el transcurso de todo el evento sólo escucharon la música normal de una fiesta y que únicamente estaban atentos a abrir el portón de acceso cuando alguien quería salir.

Eso, hasta cerca de las 18.30 horas. Según el parte policial, en ese momento el dueño del sitio “logra percatarse de que al interior de este lugar se origina una discusión, donde los asistentes comienzan a abandonar el recinto en sus vehículos”. Su esposa, por otro lado, declaró que los asistentes salieron tranquilos. Lo cierto es que uno de los autos que partió fue el Hyundai Tucson rojo, cuyo conductor tocó la bocina para que le abrieran el portón de acceso.

Fue en ese instante, con el portón abierto, cuando testigos cuentan que se sintieron varias ráfagas de disparos que venían desde el exterior de la parcela. De inmediato, los dueños del lugar se resguardaron en su casa, ubicada en el mismo sitio. Los vecinos dicen que se sintieron fuertes ruidos de varios autos que escapaban del lugar.

En cuestión de minutos, el silencio. Temeroso, el dueño de la parcela asomó la cabeza a través del portón, en el que quedaron huellas de lo que serían al menos cinco impactos de balas. A 20 metros de allí estaba el Hyundai Tucson, incrustado en la reja del vecino.

Todos los asistentes al evento escaparon.

Ninguno se quedó a asistir a las personas baleadas.

No era un baby shower, era un after

Bolsas con tussi. Eso fue parte de lo que, en la desesperación por arrancar de la balacera, los participantes al supuesto baby shower dejaron botadas en la parcela. Se abría la puerta para saber que en vez de celebrar la llegada de una nueva vida, lo que realmente estaba pasando allí era un “after”, una modalidad de fiestas privadas con música electrónica y drogas sintéticas, muy común entre algunos grupos de venezolanos, en las que se ostentan armas, relojes y joyas de lujo.

Fuente: La Tercera