Abogada: Para penalizar la violencia contra los menores de edad hay que denunciar

La abogada Gabriela López compartió su análisis al ser consultada sobre los altos índices de violencia contra los menores de edad y los recientes casos de infanticidio (Los Taques) y abuso sexual (La Vela de Coro) registrados en la entidad. López asegura que la denuncia es la única acción que estimula la justicia, pues, sin la notificación de los hechos ilícitos o situaciones irregulares la autoridad jurídica no puede avanzar.

P – ¿Qué más debe y puede hacer el Estado para blindar a los menores de edad frente al abuso?

R – El marco jurídico nacional ya ofrece protección, tenemos una amplia variedad de leyes que lo permiten; sin embargo, lo que hace falta es aumentar las campañas de divulgación a través de todos los medios para que las personas no solo conozcan sus derechos sino que sepan cómo actuar y adonde dirigirse en caso de ser vulnerados. La cuenta en redes del CICPC es un ejemplo de difusión constante de mensajes que convocan a la reflexión y acción frente a la violencia contra los menores de edad.

P – ¿Cómo debe proceder un denunciante si está bajo amenaza o si no pertenece al núcleo familiar afectado?

R – Cualquier persona que tenga conocimiento sobre la comisión de un delito contra un niño puede denunciar, sea familiar o no. Lo recomendable es llamar al Consejo de Protección para que sea procesada la denuncia; no obstante, cualquier órgano es receptor de denuncias, sea el CICPC, la policía o la fiscalía. Cuando un violador amenaza a la víctima o a sus familiares para que no denuncien, incurre en un doble delito; en ambos casos actúa la justicia. Es importante reiterar que sin denuncia los órganos competentes no pueden investigar y verificar cuál es la verdad.

P – ¿Consideras que las penas de violencia contra los menores de edad deben ser más severas? ¿Incluirías esos delitos en la propuesta de cadena perpetua hecha recientemente por Nicolás Maduro?

R – En principio la propuesta del presidente se basa en penalizar delitos de corrupción que atenten contra el patrimonio público. La gravedad del delito abordado en el proceso judicial determinará la condena de los procesados. Al final le corresponde al juez de juicio determinar cuál es la pena, porque no todos los casos son iguales. Las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y el grado de violencia ejercido agrava o atenúa la sentencia.

A juicio de la abogada se debe poner la lupa no en la promulgación de nuevas leyes sino en la orientación y acompañamiento de las víctimas que muchas veces no saben cómo proceder en casos donde, además de la violencia sufrida, quedan expuestos al estigma social. López insiste en la necesidad de reforzar la formación ciudadana en derechos humanos en todos los niveles educativos.

Fuente: Francisco Rodríguez / Notifalcón