Dos celulares rotos y una casa de seguridad: los nuevos datos del asesinato de Ronald Ojeda

La idea de los secuestradores era no dejar huella alguna de sus pasos. En parte lo lograron, pues hasta ahora no se sabe cuál fue la verdadera motivación del crimen del teniente (R) Ronald Ojeda Moreno, exmilitar venezolano, raptado desde su departamento en Chile durante la madrugada del 21 de febrero; sin embargo, sí dejaron pistas sobre sus identidades.

Así, por ejemplo, cayó quien es sindicado como facilitador del secuestro al momento de prestar vigilancia en las afueras del edificio desde donde fue secuestrado Ojeda. El adolescente Ángel C. (17) fue formalizado la tarde del lunes por la Fiscalía, en una reservada audiencia de formalización.

Ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Esteban Silva expuso nuevos antecedentes en el caso y que apuntan a cómo lograron identificar a los primeros sospechosos y cuáles son las interrogantes que persisten en la investigación.

Además del ya formalizado adolescente, se logró identificar a otro implicado en el secuestro, según dio cuenta el Ministerio Público. Se trata de Walter Rodríguez Pérez, ciudadano venezolano que cuenta con distintas órdenes de detención por estar vinculado a delitos violentos.

Su participación se vinculó a partir de un error de los captores cuando se llevaron dos celulares que Ojeda tenía en su departamento. Los teléfonos fueron encontrados en el auto Nissan que los delincuentes abandonaron en Renca, los cuales estaban rotos.

Sin embargo, los peritajes de la PDI lograron levantar una huella dactilar desde uno de los celulares, logrando así dar con el nombre de Rodríguez.

Además, para confirmarlo, los fiscales fueron ahora a las cámaras de seguridad del edificio, específicamente al ascensor, donde se detectó que uno de los secuestradores recibe los teléfonos antes de que se abrieran las puertas.

Intervención

Con esa identidad se fue armando, en parte, el puzle del caso, pues a partir de ahí se logró dar con una tercera identidad: Maikel Villegas Rodríguez, quien formaba parte de una de las células del Tren de Aragua y le habría ofrecido el “trabajo” a Ángel C.

Así se llegó a un teléfono de Villegas y la Fiscalía obtuvo una orden para interceptar sus comunicaciones y cercaron su posición aun más. Pero, era tarde.

El sábado 24 de febrero los investigadores recibieron información que el teléfono del sospechoso había registrado un último movimiento en Arica. Habían pasado cinco días después del secuestro, así que los detectives tenían que actuar rápido.

La Fiscalía pidió colaboración a las autoridades para hacer efectivo el cierre de fronteras, pero no se logró. “Villegas se encontraba en la Región de Arica, por lo tanto, era indiciario que estaba intentando salir del país, por lo que se dispusieron todos los medios para detener esa salida, pero eso no ocurrió. Todo indica que Maikel Rodríguez se encuentra fuera del país, lo mismo que Rodríguez Pérez”, expuso el fiscal Silva en la audiencia.

El llamado de un testigo reservado

En paralelo, la Fiscalía y la PDI buscaban cómo dar con el paradero de Ojeda. Pistas no había, hasta el 29 de febrero, cuando un testigo protegido llamó a la Brigada de Crimen Organizado (Brico) de la PDI.

El denunciante relató a los detectives que el sábado 25 de febrero -cuatro días después del secuestro- un habitante de la toma lo alertó de movimientos extraños, donde “personas habían realizado una excavación y que posteriormente habían puesto cemento para luego huir del lugar”. Uno de los sospechosos, incluso, les reconoció a quienes lo vieron: “Estamos metidos en algo grave”.

Con este relato, los policías llegaron hasta la toma Vicente Reyes. Luego de recorrer el lugar dieron con las características del relato que le entregó el testigo protegido, y ahí estaba el radier de cemento y, abajo, a 1.40 metros, una maleta con Ojeda muerto en su interior, sin lesiones, salvo las provocadas al momento de introducirlo ya fallecido a la maleta.

Colaboradores chilenos

Sobre la mesa, los investigadores ya contaban con medios de prueba para reconstruir lo sucedido, en parte, con Ojeda: había eliminación de antecedentes a través de los celulares, tenían al menos tres sospechosos identificados y la certeza de que el exmilitar estaba muerto.

Sin embargo, a medida que avanzaban las pesquisas se llegó a otro dato: una casa de seguridad en San Bernardo.

Fue el propio Ángel C. quien en una primera declaración señaló que al momento de trasladarse con el resto de la banda, en dos autos en simultáneo, desde el departamento del secuestrado, llegaron a un domicilio en el sector de Lo Blanco, en San Bernardo.

De acuerdo al relato parafraseado por la Fiscalía en la audiencia, en el lugar “eran esperados por sujetos de nacionalidad chilena, quienes taparon con sábanas a los falsos policías al momento de entrar al inmueble”.

Esta “casa de seguridad” sigue sin ser encontrada por los investigadores. Es más, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, fiscales, detectives y el propio imputado Ángel C. -en compañía de su defensora- hicieron un recorrido por el sector para saber dónde exactamente estaba el inmueble.

El formalizado, sin embargo, no identificó ninguna de las casas que visitaron, algo que a juicio de su defensora tenía que ver con que era un sector con muchos pasajes, con entradas y salidas similares, difíciles de reconocer.

La investigación continúa, donde las huellas que los sospechosos dejaron siguen siendo periciadas por fiscales y detectives para entender el contexto de un caso, hasta ahora, abierto en todas sus aristas.

Fuente: La Tercera