Estafador venezolano quiso engañar a la justicia argentina

Cuando un empleado del banco donde tenía la cuenta sueldo lo llamó para preguntarle si sabía de donde provenía el dinero que ingresaba periódicamente en su caja de ahorro, David O. S., un ciudadano venezolano de 26 años, intentó explicar que las transferencias que llegaban correspondían a unas transacciones comerciales de un emprendimiento de un amigo, de un “hermano de la fe”. “Hay que tener dos dedos de frente para hacer cosas fuera del marco de la normalidad”, dijo el cliente al querer demostrar que él no hacía nada ilegal. Pero, pronto, se supo la verdad: los movimientos eran parte del botín de estafas virtuales de delincuentes que robaban líneas de WhatsApp para, después, engañar a los contactos de las víctimas y pedirles que les transfieran dinero.

La sospecha quedó comprobada cuando el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola ordenó allanar el departamento de Flores donde vivía el ciudadano venezolano y la Policía de la Ciudad pudo secuestrar un cuaderno en el cual, a mano, se había dejado constancias de todo el dinero que se había sacado de las cuentas.

“Puede colegirse que los registros que llevaba sobre movimientos de dinero y que, a juzgar por la descripción realizada sobre su origen, si es analizado en forma conglobante con la naturaleza de la conducta achacada y sus resultados, decididamente tienen estrecha vinculación [con la investigación]”, sostuvo Yararola en el procesamiento del sospechoso.

Por ejemplo, en una de las hojas del cuaderno había varias cifras escritas y resaltado con verde fluorescente: “405.000? y resaltado en color rosa: “lo que sacamos de la cuenta”; en esa misma página, el autor de las anotaciones había puesto: “75.000 es el efectivo que tengo?.

“Fíjese que se ha descubierto gran caudal de constancias sobre operaciones bancarias, compras de pasajes aéreos y envío de dinero al exterior, movimientos todos estos que, hasta el momento, carecen de justificación alguna si ello es sopesado con la actividad laboral o situación crediticia en la que el imputado se encontraría inmerso. Tendría un salario informal de 55.000 pesos mensuales)”, explicó el magistrado en su el auto de procesamiento.

Fuente: La Nacion