Chile busca quitar la residencia a migrantes que hacen ruidos molestos

La Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Chile aprobó ampliar las causales de expulsión de los extranjeros involucrados en delitos y autorizar al Servicio Nacional de Migraciones a rechazar o cancelar los permisos de residencia de quienes tengan sanciones o multas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, entre otras actividades.

“De esta manera, se busca establecer medidas que protejan una convivencia armoniosa y respetuosa”, se argumenta en el proyecto legislativo aprobado el 26 de noviembre, que modifica la actual Ley de Migraciones, norma que regula el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de personas extranjeras a Chile.

De acuerdo con las leyes del país austral, una vez revocado el permiso de residencia, el extranjero tiene un plazo determinado para abandonar el territorio chileno. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones legales adicionales.

Los cambios han sido impulsados por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, y apuntan a que sea más difícil para las personas extranjeras ingresar,  permanecer y obtener la nacionalidad en el país austral.

Esta propuesta legislativa debe aprobarse ahora en el Senado y surge en medio de un incremento sostenido de la población migrante, que se estima en 1 millón 625.074 personas. Venezuela es el país con el mayor número en la actualidad, 532.715, según datos del Censo de 2022.

Organizaciones que defienden los derechos humanos rechazaron la reforma. Consideran que las medidas aprobadas eliminan derechos que previamente habían sido reconocidos y protegidos por la ley, y ponen en riesgo la integridad y la propia vida de las personas migrantes en Chile.

“Estas medidas representan un grave retroceso que no solo profundiza la exclusión y precariza la vida de las personas migrantes, sino que también debilita el Estado de derecho, al imponer sanciones desproporcionadas, basadas en prejuicios y procedimientos sin garantías procesales”, alertaron las organizaciones en un comunicado el 27 de noviembre.

A continuación, El Pitazo expone algunos de los cambios más significativos en la iniciativa del Gobierno chileno.

La expulsión y anulación de la residencia

La reforma establece nuevas prohibiciones de ingreso a Chile, por ejemplo, la causal de condena por violencia intrafamiliar. Además, a quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen. O, en los últimos 5 años, por actos que la ley chilena califique de simple delito.

Se amplían las causales de expulsión de Chile de las personas involucradas en delitos como violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas, entre otros. Estas medidas se pretenden aplicar a extranjeros con permanencia transitoria y con residencia definitiva.

Asimismo, busca incluir las faltas, las establecidas en el Código Penal y aquellas contempladas en otras leyes y que son competencia de los juzgados de policía local (ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, entre otras actividades), como causales para rechazar solicitudes de residencia o revocar permisos de residencia.

Al respecto, las ONG señalaron que esta propuesta vulnera el debido proceso: “Establecer causales desproporcionadas para rechazar o revocar permisos de residencia basadas en ‘incivilidades’ que son faltas menores o incumplimientos administrativos trivializa los procesos migratorios y afecta de manera desmedida a las personas”.

Aún más: argumentaron que la disposición que permite la expulsión de migrantes con causas pendientes por simples delitos, sin esperar la conclusión del proceso judicial, “viola principios básicos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

Mayor tiempo de espera para la nacionalización

La reforma incrementa de 5 a 10 años el período de residencia mínimo para solicitar la nacionalidad chilena. A ello se sumará una prueba de conocimientos para los solicitantes.

La normativa establece nuevas razones por las cuales a una persona se le puede negar o quitar la ciudadanía, entre ellas, la participación en delitos graves. El texto propone también aumentar a siete años el periodo que los titulares del permiso de residencia definitiva deben tener en el territorio para optar a la nacionalidad chilena.

Asimismo, el proyecto también elimina la llamada nacionalización calificada, un procedimiento especial que permite a ciertos extranjeros obtener la nacionalidad chilena en un plazo menor al establecido para la nacionalización ordinaria, siempre y cuando demuestren tener un vínculo familiar con un chileno, entre otros requisitos. Los deportistas quedan excluidos de este último cambio.

Del derecho a la educación y a la vivienda

La propuesta legislativa que modifica la Ley de Migraciones también ordena a los establecimientos educativos hacer un proceso de registro de los estudiantes que se encuentren en una situación migratoria irregular.

El mismo procedimiento se establece para quienes necesiten atención en la salud pública. En materia de vivienda, establece que quienes se encuentren en una condición migratoria irregular no podrán subarrendar. Tampoco celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos. Contempla multas a los arrendadores que incumplan esta norma.

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En el comunicado, las ONG que defienden los derechos humanos consideraron que las medidas no solo agravan la vulnerabilidad de los migrantes, sino que afectan especialmente a grupos que requieren protección, “reforzando la precarización habitacional y empujando a las personas que ya viven en Chile a estar en situación de calle”.

Ingreso de niños no acompañados y su expulsión

El proyecto fija un nuevo procedimiento para manejar los casos de los niños, niñas y adolescentes que ingresen a Chile sin compañía o documentación. Se señala que cada caso deberá ser analizado por un Tribunal de Familia, que tendrá que revisar la situación familiar de cada menor para determinar si se ordena la permanencia o la salida del país.

En su declaración, las ONG Organización Migrantas, Colectivo Sin Fronteras y Coordinadora 8M denunciaron que la propuesta legislativa está considerando una acción que resultaría en la expulsión de migrantes menores de edad, lo que puede tener consecuencias devastadoras para ellos.

Fuente: El Pitazo

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