Persecución contra trabajadores de Corpoelec refuerza silencio informativo sobre apagón nacional
Cada vez que ocurre un apagón nacional en Venezuela casi la única versión que se conoce es la del Gobierno. Y es que con el pasar de los años se han reducido las voces de dirigentes, trabajadores y sindicalistas críticos que en el pasado hablaron a viva voz de la falta de mantenimiento, desinversión y mal manejo de la industria eléctrica.
Hasta ahora la información oficial luego del apagón ocurrido este viernes, 17 de diciembre, es la ofrecida por el ministro Néstor Reverol: hubo un ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Guri.
Un trabajador que pidió anonimato dijo que hay cuadrillas movilizándose al área donde ocurrió la falla y reveló que durante los últimos meses en la represa se ha reforzado la seguridad con la llegada de oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Voces que ya no denuncian
¿Por qué ahora son pocos los empleados que se arriesgan a denunciar la situación que ocurre dentro del sector eléctrico? Es probable que muchos se nieguen a hablar porque quienes en algún momento lo hicieron, fueron perseguidos o encarcelados.
En 2019, Damaris Cervantes, José Cedeño y Geovanny Zambrano, trabajadores de la estatal Corpoelec, alertaron sobre la falta de mantenimiento y fallas en la industria. La denuncia la hicieron en dos ruedas de prensa: el 18 y 27 de febrero de ese año, en el estado Bolívar.
“Les digo a mis compañeros que cuiden la empresa, que traten de salvar lo poco que queda. Porque nosotros por denunciar lo que está pasando, fuimos jubilados de manera forzosa”, le dijo Zambrano al medio digital VPItv para entonces.
El 7 de marzo de 2019, cuando no había pasado un mes de esa declaración pública, hubo un primer gran apagón nacional. El gobierno de Maduro atribuyó la falla a un acto de sabotaje y se emitieron órdenes de captura contra los tres empleados.
Cervantes y Cedeño salieron del país de inmediato para exiliarse, pero Zambrano, un empleado con 24 años de servicio en la estatal, decidió quedarse en Venezuela y fue arrestado el 12 de marzo. Lo acusaron de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje. Un tribunal de Puerto Ordaz lo liberó meses después.
Durante el 14 y 15 de marzo fueron detenidas las jubiladas Ascensión María Caraballo y Marlyn Del Valle Acosta Vegas, quienes estuvieron 14 horas en la sede de la Dgcim bajo la excusa de interrogatorios.
Un mes después, el 18 de abril de 2019, fue privado de libertad por la Dgcim el trabajador Otoniel Ramos y fue trasladado a la sede del organismo en Caracas. Le atribuyeron los delitos de daños a las instalaciones del SEN, interrupción del servicio eléctrico y asociación para delinquir.
Ramos era analista de sistemas en la gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (Atit) en la Central Hidroeléctrica de Macagua, y tenía casi dos años sin asistir a la planta cuando fue detenido. Recibió libertad bajo régimen de presentación en mayo de 2020.
Junto a su orden de aprehensión estaban solicitando a cuatro trabajadores más: Ramón Oswaldo García García, Julio César Acuña Núñez, Jesús Eduardo Rodríguez y Miguelángel José Freitas Loreto, a quienes no lograron detener.
Fuente: El Pitazo
