REGIONALES

Familiares de privados de libertad piden cese el retardo procesal por la juez de Ejecución

Un grupo de familiares de los privados de libertad que ya recibieron condena por sus delitos, se concentró en las afueras de los tribunales penales en Punto Fijo para exigir que se detenga el retardo procesal que tanto afecta a sus dolientes.

Denunciaron que aunque buscan respuestas en los tribunales penales, nadie les da respuestas, los casos no avanzan. Hay privados de libertad enfermos, desnutridos y que no están en la Comunidad Penitenciaria de Coro, sino que fueron trasladados a otras cárceles del país, causando que sus familias no puedan llevarles comida ni visitarlos.

Lisbeth García, dijo que han decidido denunciar está situación porque están cansados de no tener respuestas pese a que acuden a los tribunales casi todos los días y la Juez de Ejecución nunca está y no hay quienes los atiendan. «Mi hijo estaba en la comunidad Penitenciaria y lo trasladaron a Yare II, aquí no resuelven nada, mi hijo está enfermo y aquí no me dan ni un permiso para sacarlo al médico. La juez se fue se pre y post natal y eso ha causado un gran retraso más del que había. Queremos un nuevo juez para que los casos se puedan revisar».

Aseguró que su hijo ya pagó nueve años por el homicidio, ya cumplió hasta la tercera parte de su condena y no tiene respuesta de su caso, pese a haber estado en dos cárceles y tiene cartas de buena conducta.

Por su parte, Rosario de Clara, su hijo está detenido en el estado Lara y está preso desde hace siete años. «Cada vez que entramos a un escrito nos dicen que no hay juez. No tenemos respuesta de ningún tipo. A mi hijo no lo veo desde mayo, no puedo viajar porque no tenemos plata. Estamos pasando muchas necesidades».

Las familias piden a los tribunales que se instale un nuevo Juez de Ejecución para que de esta manera los casos puedan adelantarse. Este grupo de personas forma parte de los familiares de los 170 privados de libertad que fueron sacados de la Comunidad Penitenciaria de Coro en septiembre del año pasado a diferentes cárceles del país.

Fuente: Irene Revilla / Notifalcón