Expulsión de 56 venezolanos de Chile provoca las críticas de varias agencias de la ONU

Varias agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación tras la expulsión de 56 venezolanos de Chile, el pasado domingo, mientras que el Gobierno de ese país argumenta que se cumplieron los protocolos marcados por el organismo.

Al operativo asistió el ministro de Defensa, Rodrigo Delgado, quien ofreció una rueda de prensa junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.

Delgado aseguró que 20 de los venezolanos expulsados cumplían condenas por delitos de «tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia», mientras que el resto entró de manera «clandestina» a Chile.

Los migrantes salieron del Aeropuerto de Santiago en un vuelo comercial, hicieron escala en la ciudad de Iquique, en el norte del país, y luego llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en la Gran Caracas.

Actualmente, las fronteras del país sureño se encuentran cerradas, hasta el 30 de junio, como una medida para contener la propagación del coronavirus, que ya causó la muerte de más de 30.000 personas en el país.

Delgado manifestó que el proceso se llevó a cabo siguiendo la legislación vigente, «los acuerdos internacionales y los protocolos, indicaciones y recomendaciones de la ONU». Sin embargo, este organismo consideró en un comunicado conjunto con varias de sus agencias que haber hecho las expulsiones durante el fin de semana «limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida».

Del mismo modo, criticó que varios ciudadanos fuesen expulsados del país «a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución en los tribunales correspondientes» y que «en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares».

En el texto, respaldado por la misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se recuerda que en el contexto de pandemia un grupo de Expertos de la ONU ha llamado a los Estados a «considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes» y que los procesos de expulsión «donde se mezclan personas con órdenes administrativas como judiciales, requieren un protocolo de gestión diferenciado».

El escrito está consignado por las oficinas para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Chile y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Entre febrero y abril, Chile expulsó a casi 150 venezolanos de su territorio. Ese último mes se promulgó en el Congreso la nueva Ley de Migraciones que facilita las expulsiones administrativas para desincentivar el uso de pasos irregulares.

 

 

Fuente: RT